Más de 100 agentes sociales y económicos han suscrito el ‘Manifiesto para la equiparación del IVA que pagan los mayores en los servicios de atención a la dependencia’, un texto donde denuncian la injusticia social que supone aplicar un IVA diferente, 4% o 10% -según se trate de un servicio público o privado-, a residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales.
Juan tiene 74 años, no puede valerse por sí mismo y recibe 940,73 euros al mes de su pensión de incapacidad permanente. Hace seis meses pidió una plaza en una residencia pública pero hay una larga lista de espera así que, mientras sale, su familia no tiene más remedio que llevarle a una privada donde recibirá los mismos servicios pero pagarán un 6% más de IVA que en las públicas (el precio medio de la plaza asistencial privada alcanza los 1.777 euros al mes).
Esta situación es la que denuncian las más de 100 entidades de todo el país que apoyan el manifiesto, entre las que se encuentran Fundación Edad&Vida, CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) y UDP (Unión Democrática de Pensionistas). En el escrito dan a conocer a la opinión pública la injusticia social que supone tener que pagar un 10% de IVA por una plaza asistencial privada.
En la actualidad, el IVA a residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados es del 10% mientras que por un servicio idéntico concertado o público se tributa al 4%.
Para Ángel S Quesada, presidente de Ceoma, «la falta de plazas públicas en las residencias y el largo tiempo de espera que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia, hasta que se otorga una plaza, obliga a muchas personas a contratar una privada y a asumir un 6% más de IVA por la misma atención y servicio. Además, actualmente la esperanza de vida de las personas mayores ha aumentado por lo que es preciso dar solución a este problema, un mayor dependiente puede vivir muchos años en una residencia».
Para María José Abraham, directora general de Edad&Vida, «la atención a la dependencia es un derecho básico reconocido por la Ley de Dependencia y debería tratarse de la misma manera independientemente de su financiación, sea pública o privada. No tiene sentido que para un mismo producto o servicio se aplique un IVA distinto en función de quien lo pague, un 4% o un 10%, ya que esto perjudica claramente a la persona que debe pagarse una plaza o servicio con sus propios recursos».
El número de personas mayores de 85 años, o más, se espera que se incremente un 155% entre el 2015 y el 2051. En palabras de Saturnino Álvarez, presidente de UDP, «el panorama es claro. España se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento progresivo de la población, la llamada ‘revolución de la longevidad’, a consecuencia de la cual cada vez más personas precisarán de servicios asistenciales».
Los responsables del manifiesto solicitan la inclusión de la medida en los próximos Presupuestos Generales del Estado a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios del Congreso.