Se necesita un Plan de Choque para cuidar a los seis millones de personas vulnerables que hay en nuestro país.

Estas medidas, que se espera se aprueben en el Consejo de Ministros de este martes pasarían por un presupuesto adicional de 400 millones de euros en temas de proximidad y agilizar los procedimientos administrativos para que esta ayuda llegue a sus destinatarios.

“Es muy importante agilizar todos estos procedimientos, si se hace por prescripción facultativa es automático la aplicación. Es fundamental reducir el procedimiento administrativo habitual para que se logre dicho impulso ahora muy necesario”, aclara José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La red de servicios sociales con medio millón de profesionales que atiende a cerca de seis millones de personas ejerce una labor importante en nuestro país atendido en sus domicilios o en centros residenciales a personas y colectivos especialmente vulnerables, en su salud o en sus condiciones de vida, por la grave epidemia de Coronavirus.

José Manuel Ramírez, Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

 

Para este experto, esperemos que en el Consejo de Ministros de este martes se aprueben algunas medidas de choque en materia de dependencia.

En el Real Decreto que declara el Estado de Alarma faltan medidas sociales concretas.

“Son medida excepcionales, que complemente algunas de las que ya se han adoptado por parte del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas.

Entre ellas las siguientes:

PRIMERA: FINANCIACIÓN EXCEPCIONAL DE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES 

Desde este colectivo se pide al Gobierno central que habilite partidas de crédito excepcionales para que las Comunidades Autónomas puedan responder a las necesidades sociales de las personas más frágiles económicamente y con mayores necesidades de cuidados”

Así se asumiría “el incremento de atenciones y servicios domiciliarios a personas mayores o en situaciones de dependencia, así como el refuerzo necesario en las plantillas de los centros residenciales de personas en situaciones de dependencia, en caso de que sea necesario realizar un importante número de substituciones por contagio o prevención”.

También se ampliaría la dotación de las partidas destinadas a Rentas Mínimas de Inserción y de las Ayudas de Urgente Necesidad en previsión del importante incremento de familias que van a necesitar las mismas para sus más elementales gastos de supervivencia (alojamiento, alimentación, higiene…).

Por último habría que asegurar “La alimentación adecuada de los niños y niñas de familias cuyos ingresos no les permitan afrontar con eficacia el cierre de comedores escolares”, apunta este experto.

SEGUNDO: MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA AGILIZAR LA CONCESIÓN Y PAGO DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN Y AYUDAS DE URGENCIA 

Desde este colectivo se pide que “los cuidados y la alimentación de los menores en hogares en situación económica extremadamente precaria, puede resultar imposible si no se agiliza la concesión de estas ayudas”.

“Por eso exigimos a las Comunidades Autónomas que adopten medidas excepcionales para que se aprueben, de forma automática todos los expedientes de rentas mínimas de inserción que tengan informe social de prioridad, así como aquellas que estén esperando resolución desde hace más de un mes”, comenta Ramírez.

También reclama que se agilice “el pago efectivo de las mismas una vez resueltas. De la misma manera exigimos a los Ayuntamientos que activen procedimientos sumarios, de excepcionalidad en la resolución de solicitudes de ayudas de urgente necesidad, obviando trámites del procedimiento ordinario, en aquellos casos en los que el informe social justifique y proponga esta excepcionalidad”.

TERCERO: ESTABLECER PRIORIDADES Y REFORZAR LAS ATENCIONES Y SERVICIOS DOMICILIARIOS 

Otra medida que se reclama es la de reorientar las prioridades de sus servicios domiciliarios, teniendo en cuenta algunos factores.

“Suspender o limitar a lo imprescindible la atención a aquellos casos en los que el servicio no sea imprescindible o que puedan ser atendidos por sus familiares en la actual situación, especialmente dependientes grado I o “limpieza a domicilio”, para prevenir la extensión y para preservar la salud de los auxiliares”, señala Ramírez.

También habría que destinar todos “los recursos del servicio a atender a las personas con mayor grado de dependencia y mayor necesidad de cuidados (preparación de comidas, control de medicación, cambios posturales, higiene personal…), y, con menor apoyo familiar, y prestar servicios de compra y otros, para evitar en lo posible la salida del hogar de personas mayores o con situaciones de dependencia”.

Al mismo tiempo habría que incrementar “la oferta de comidas a domicilio a personas mayores afectadas por el cierre de comedores del mayor, que tengan dificultades para adquirir o elaborar con garantías su comida mientras dure la situación de aislamiento en el domicilio”.

Ramírez también considera necesario “asegurar la tranquilidad y seguridad de las personas mayores en sus domicilios, intensificando el contacto con ellas a través de la teleasistencia y en coordinación de esta con los servicios de ayuda a domicilio, para detectar posibles situaciones de necesidad e intervenir de forma rápida y eficaz”.

CUARTO: ASEGURAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN DE MENORES CON ECONOMÍAS PRECARIAS, AFECTADOS POR EL CIERRE DE LOS COMEDORES ESCOLARES

En su opinión, “la decisión del cierre de comedores escolares pone en una situación muy difícil a los niños y niñas de familias con economías precarias, incapaces de asegurar una alimentación suficiente y equilibrada”.

De ahí que “donde no sea posible mantener el funcionamiento de estas cocinas para que los padres puedan recoger en ellas la comida y llevarla a su domicilio, hay que priorizar ayudas económicas de manera urgente, sin otro procedimiento más que la valoración de esta necesidad por parte de los servicios sociales de la entidad local, y que se abonen con la mayor premura”, apunta este experto.

QUINTO: IMPLANTAR MEDIDAS DE HOSPITALIZACIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES 

Desde este colectivo se cree que “constituiría una buena medida la prestación de atenciones y cuidados hospitalarios en los propios centros residenciales, siempre que ello sea preciso”.

Nuestro experto cree que “contribuirían a aliviar la presión en los centros hospitalarios, reducirían el riesgo de contagio en una población tan vulnerables como son las personas mayores, y constituirían un beneficio muy grande para el bienestar de las propias personas mayores y de sus familiares”.

SEXTO: GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODO TIPO DE CENTROS RESIDENCIALES DE SERVICIOS SOCIALES 

A su juicio, “será necesario reforzar estos centros con personal sanitario que ofrezca pautas de prevención y atención además de proporcionar, así como los equipos de protección (EPI) necesarios”.

También cree que “habría que habilitar  espacios en todos estos centros para mantener en aislamiento de las personas que puedan presentar sintomatologías compatibles con la enfermedad, asegurando la atención que precisen. Una mínima inversión en este sentido, aliviaría la carga del sistema de salud”.

SÉPTIMO: ASEGURAR ATENCIONES BÁSICAS Y ASISTENCIA SANITARIA A LAS PERSONAS SIN HOGAR 

Ramírez recuerda que “estas personas constituyen otro colectivo vulnerable no solo por sus circunstancias de salud sino por verse especialmente afectados por las medidas de aislamiento que se están adoptando, ya que para ellos carece de sentido el confinamiento en un hogar, del que carecen. No es solo su salud la que está amenazada, sino la de toda la población, al no poder cumplir las medidas preventivas que a todos se nos exige”.

“Frente a ello, los Ayuntamientos deben reforzar y adecuar los recursos destinados a estas personas, especialmente centros de acogida y servicios de calle, aplicando su acreditada experiencia en situaciones de emergencia -especialmente en olas de frío intenso-, y actuar de la misma manera, intensificando la información, el apoyo, el acompañamiento necesario y la cobertura de las necesidades básicas que requieran (alojamiento, alimentación, vestido, higiene…)”, aclara este experto.

OCTAVO: MANTENER Y REORIENTAR LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES EN BARRIOS Y PUEBLOS 

Esta red de centros y profesionales constituye la red de protección social más extendida en el territorio, abarcando desde los municipios más rurales a los barrios más poblados en las grandes ciudades.

“Por eso es imprescindible mantener su funcionamiento como servicio esencial, si bien reorientando su papel en función de las necesidades de la situación actual”.

En este contexto “planteamos suspender toda su actividad que no sea esencial, pidiendo además a la población que no acuda a ellos salvo para situaciones de extrema necesidad, tales como las ya señaladas de garantizar alimentación a menores afectados por el cierre de comedores escolares, cobertura de necesidades básicas de familiares con economías precarias, y asegurar las prioridades y el funcionamiento de las atenciones domiciliarias”.

NOVENO: CONSIDERAR AL PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES QUE ESTÉ PRESTANDO SUS SERVICIOS EN ACTIVO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA COMO UN PERSONAL ESENCIAL 

En su opinión “en las condiciones actuales, el personal que trabaja en los centros y servicios sociales debe tener esa consideración, al mismo nivel que el personal sanitario. Ello incluye permitir la movilidad para realizar sus funciones, y poner en marcha todas las medidas excepcionales para asegurar el cumplimiento de su labor en condiciones de seguridad”.

DÉCIMO: PROMOVER CAMPAÑAS DE VOLUNTARIADO SOCIAL ENTRE LOS VECINOS

“Se trata de poder atender las necesidades más básicas de las personas vulnerables. Especialmente a los dos millones de personas que viven solas”

 

FUENTE: CONFILEGAL / www.confilegal.com