El Presidente de Gobierno ha admitido que -como otros muchos países- tardamos en darnos cuenta de la gravedad de la pandemia. No será porque no hubiéramos sido advertidos antes por los organismos sanitarios internacionales y nacionales. Hasta los más ignorantes leíamos lo que estaba pasando aquí al lado, en Italia y nos extrañaba que no se cancelaran los vuelos y se permitieran eventos masivos deportivos. No hago referencia a las famosas manifestaciones, porque parece que molesta mucho. Tengo la experiencia propia de que el día 6 de marzo se canceló una reunión en la que yo participaba por las “malas sensaciones” que teníamos.

Hace unos días se celebró una cumbre sobre el Sahel. Nuestro Presidente tuvo que hacerse un  PRC antes de acceder al país anfitrión. Algunas autoridades regionales españolas han estado solicitando que se exija este requisito antes de admitir pasajeros en los vuelos que llegan a los aeropuertos de mayor tráfico internacional, como advertencia por la posibilidad de contagios no deseados. Se ha negado tal posibilidad quizás considerando que la “inspección ocular” es un requisito muy eficaz -no es una broma- para controlar la difusión del coronavirus. Además, daría la impresión de que España no es un destino seguro, puede dar muchos falsos positivos y “provocaría alarma” a los posibles turistas (curiosamente este argumento se utilizaba en relación con la población española cuando no había mascarillas). Creo que por el contrario los que viajan se sienten reconfortados si ven que los países destinos se toman muy en serio las acciones para evitar el contagio. Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar de visitar un país porque me exigieran estar vacunado contra enfermedades no habituales en España. Estoy seguro de que ha subido puntos la consideración positiva de Mauritania para muchos lectores por el mero hecho de los requisitos de entrada que no se exigen en España. Los brotes más graves que han surgido en nuestro país están relacionados con la absoluta falta de control en la entrada de temporeros.

Me ha llamado la atención la declaración del Presidente de la Asociación empresarial de hosteleros cántabros de que encuentran difícil la incorporación de personal a trabajar en el sector porque prefieren cobrar el ingreso mínimo vital aprobado por el Estado. El Vicepresidente de la Comunidad ha negado que tal posibilidad ocurra. Seguramente es injusto, pero apostaría a que en este debate tiene más razón Don Ángel Cuevas, que está viviendo la realidad empresarial de todos los días, que el representante político que tiene obligación de defender la norma. Al fin y al cabo, en las discusiones de elaboración de la Ley, esta fue una de las advertencias señaladas. Aunque la inmensa mayoría de diputados estaban de acuerdo en la necesidad del establecimiento del mínimo vital, como lo estamos la mayoría de la población, siempre que tenga un alcance temporal determinado, se quería evitar los obvios abusos que se podrían realizar al amparo de la norma.

Son muchas las advertencias que nuestros políticos reciben y no quieren escuchar, aunque muchas veces se equivoquen, a veces con dramáticas consecuencias.

 

Eduardo Rodríguez Rovira

Presidente de Honor de CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores)